El dinero que se lleva la droga

09069a8Por Bruno Pazzi, miembro del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR), Universidad Salesiana (UNISAL)


¿Serán conscientes las ciudades del dinero que se pierde en cada municipio, más allá de la problemática social, familiar y personal que generan las adicciones, que sin duda es el principal aspecto a tener en cuenta?

Unos días atrás, en el programa de televisión Por Bahía, en un debate a propósito del caso de los jóvenes fallecidos en la fiesta Time Warp de Costa Salguero, surgía el interrogante por el costo de las adicciones en la economía.

De acuerdo con un informe de carácter
económico de la Sedronar del año 2012, en base a datos de 2008 y 2009, la Argentina pierde por año más de mil millones de dólares producto del tráfico de drogas ilegales.

Se llega a esta cifra teniendo en cuenta diversas variables.

El impacto lo sufren, en primer término, quienes tienen consumos problemáticos y sus familias. Hay una baja en la productividad y por lo tanto en la capacidad de tributar; ausencias laborales por consumos de drogas (principalmente los días lunes), accidentes de trabajo, problemas interpersonales entre los trabajadores. A estas variables económicas se suman los costos a la Justicia por delitos vinculados a las drogas, a los Servicios Penitenciarios y a los servicios de Salud.

Si a la cifra antes mencionada se suman los dt.common.streams.StreamServercostos de dos drogas de acceso legal, el cigarrillo y el alcohol, el costo social total asciende a 4441 millones de dólares, según indicó el mencionado informe.

Ese cálculo condensa el costo para todos los niveles de gobierno – los municipios, las provincias y la Nación-, además de los costos para la economía en sí.

Ahora bien, si supusiéramos que los problemas de adicción son relativamente homogéneos en todo el territorio nacional, podríamos inferir que el costo social que representa una ciudad de algo más de 300.000 habitantes, como Bahía Blanca, implicaría una cifra de arriba de 30 millones de dólares.

Este cálculo no resulta exagerado si lo comparamos con estudios que se han realizado en otros países.

El Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos (NIDA), estima que los costos del abuso de sustancias para ese país son de más de 500.000.000.000 dólares (quinientos mil millones de dólares) por año.

Hay que tener en cuenta que se trata de un país con un tamaño de población mucho mayor que el nuestro; pero si comparamos las cifras podemos pensar que el cálculo realizado en Argentina no resulta en absoluto excesivo.

Al mismo tiempo ha demostrado el NIDA, organismo con un presupuesto anual de más de mil millones de dólares, que el tratamiento para las adicciones a las drogas reduce los costos sociales y de salud en una escala mucho mayor que el costo mismo del tratamiento.

Según cálculos que ha realizado este instituto, por cada dólar invertido en programas de tratamiento de la adicción hay un retorno de entre 4 y 7 dólares solamente en la reducción de los delitos relacionados, los costos al sistema de Justicia penal y los robos.

Cuando a esto se suman los ahorros relacionados con el cuidado de la salud, las cirugías que se evitan por la reducción de accidentes de tránsito; los ahorros significativos para la persona y para la sociedad que provienen de la disminución de los conflictos interpersonales, el aumento de la productividad laboral, la disminución de sobredosis y muertes, los ahorros totales superan a los costos de invertir en tratamientos en una proporción de 12 a 1.

El análisis sobre el costo para la economía producto de las adicciones es quizá el que tiene menos en cuenta el costado humano de la cuestión. Sabemos que detrás de estas cifras existe el dolor de quien desea dejar de consumir sustancias y no logra hacerlo, o el dolor de sus familiares y allegados.

Si se tratase solamente de un gasto, y no de una inversión, también estaría justificado el destino de recursos para trabajar sobre esta problemática.

Sin embargo, aun cuando lo pensamos desde la perspectiva del presupuesto, el dinero en tratamientos de las adicciones y en prevención educativa está más que justificado.

Nota original publicada en La Nueva el 31/05/2016

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