A propósito de los llamados “Panamá Papers”

capturaPor Francisco J. D’Albora (h), investigador del Instituto de Ciencias Sociales de Fundación UADE. Presidente de FAPLA y miembro del OPRENAR.

Mayo 2016


A la significativa conmoción internacional generada por la difusión intencionada de negocios jurídicos realizados con la pretensión de ser mantenidos en reserva, conocidos como Panamá Papers, debe añadirse, en el plano local, la desconcertante confusión con que se superponen opiniones que abordan el tema desde perspectivas diferentes, a la vez que persiguen, obviamente, objetivos distintos. El interés institucional del asunto se mezcla con el requerimiento popular de información y el oportunismo político, con mengua tangible de precisión y claridad.  Conviene entonces detenerse un momento a separar la paja del trigo, para bien de todos.

Tanto las sociedades como las plazas financieras denominadas “off shore”, e incluso los llamados paraísos fiscales, son herramientas jurídicas y financieras neutras, generalmente asociadas al fenómeno conocido como globalización, sin ninguna connotación específica que permita anticipar algún vestigio de ilicitud. Esto no quita, que como todas las especies de ambos géneros, puedan ser utilizados tanto para fines lícitos como ilícitos.

Los negocios bancarios y financieros del mundo moderno llevan a que distintas plazas pretendan ofrecer sus servicios a personas físicas o jurídicas ubicadas fuera de los límites geográficos de sus territorios, incluyendo la más amplia gama de productos. A su vez, la necesidad de atraer inversiones de capital resulta común para los países desarrollados y también para los que aún bregan para llegar a esa meta. Con dicha finalidad, se suelen ofrecer ventajas impositivas que nada tienen, en sí mismas, de irregulares.

La utilización de personas jurídicas constituidas en jurisdicciones diferentes a aquellas en las que residen las personas humanas que las integran, no es otra cosa que un requerimiento usual y frecuente en los negocios modernos que trascienden las fronteras de un estado en particular. Diversos motivos pueden incidir en la decisión empresarial, relacionados con la estructura o naturaleza de la actividad, la coyuntura particular e incluso las excesivas regulaciones locales para su desarrollo, entre muchos otros, todos absolutamente genuinos.

En todos los casos, dos son las circunstancias a tener en cuenta.  En primer lugar, el origen lícito del dinero con que se constituyen y que circula a través de ellas. En este sentido, las reglas universales de prevención y control del lavado de dinero y financiación del terrorismo operan como un límite eficaz, cada día más difícil de superar por las organizaciones criminales. En segundo lugar, el cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes a sus titulares.

En síntesis, resulta tan cierto que las sociedades “off shore” pueden ser de interés para quienes buscan canalizar el producto del delito, como mendaz pretender asociarlas, sin más y en general, a finalidades espurias.

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