La necesaria expansión de la formación en lavado de activos

 

Uno de los 5 pilares del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR) se refiere a la prevención en lavado de activos como herramienta indispensable para atacar el poder económico de las organizaciones criminales asociadas al tráfico ilícito de estupefacientes. El fundamento, como es sabido, se basa en que es ese poder económico el que financia y mantiene su poder productivo, de elaboración, logístico y de fuego, entre otros.

La identificación de esta conducta, así como el entendimiento de las vicisitudes relativas a su investigación y condena, se han desarrollado, como mínimo, desde fines de la década del ´80: es ejemplar la materialización de la problemática en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, o más conocida como la “Convención de Viena de 1988”.

Esta disciplina ha evolucionado a través de las décadas y la experiencia internacional nos brinda hoy herramientas adecuadas (sin perjuicio de las críticas que siempre son posibles para perfeccionar el sistema) tanto desde el punto de vista de la faz del derecho penal como aquella relacionada con el derecho administrativo.

En el primer caso, el tipo penal de lavado de activos, incorporado por primera vez en nuestra legislación en 1989 como lavado de activos provenientes del narcotráfico según artículo 25 de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, ha ampliado sus alcances hasta el actual artículo 303 del Código Penal Argentino. Éste último tipo penal entiende como “precedente” del lavado de activos a todo ilícito penal de nuestro ordenamiento jurídico (ya no solo al narcotráfico) y se constituye, además, como un delito penal autónomo, permitiendo así condenar el llamado “autolavado”.

Estas consideraciones podrán parecer muy técnicas y asociadas exclusivamente al arte del Derecho; Sin embargo, las conductas de lavado de activos impactan en un número cada vez más grande de sujetos y actividades. Recuérdese que uno de los paradigmas que impuso la última modificación al sistema de prevención antilavado, que se concretara con la sanción de la Ley 26.683 (2011), fue la de entender a esta conducta como un delito que vulnera al orden económico y financiero en general, independientemente de su utilidad para encubrir las conductas del delito precedente.

En ese sentido, y teniendo en cuenta el actual sistema económico-financiero, cada vez más globalizado y diversificado, fácil es deducir que estas conductas no se manifiestan solo para los profesionales del derecho, o para las llamadas “actividades críticas” o “de manual”, como puede ser la hotelería por ejemplo. Hoy, cualquier tipo de actividad puede ser funcional a maniobras de lavado de activos y, como consecuencia, cualquier actor del sistema económico que desarrolla su actividad de buena fe puede verse “salpicado”, directa o indirectamente, por sus efectos disvaliosos.

En efecto, la segunda faz del sistema de prevención de lavado de activos se refiere a la asociada al Derecho Administrativo. Esta implica, básicamente, un régimen de controles recíprocos y deberes de colaboración para con el Estado que se expanden a lo largo y ancho del sistema económico formal a los efectos de reportar y, en su caso, denunciar maniobras de lavado de activos de los sujetos con los que se opere.

No basta por tanto que los profesionales vinculados con el Derecho o con los llamados “Sujetos Obligados” se interioricen en estos temas y logren un adecuado conocimiento, pues resulta fundamental que todo operador del sistema, auxiliares del comercio, agentes con vínculo directo con el cliente y sujetos con responsabilidades relacionadas con el flujo de efectivo de una empresa, entre otros, aprehendan los riesgos de operaciones sospechosas de lavado de activos de las que puedan ser testigos. Se debe superar también la visión de que es una problemática reducida al ámbito de entidades financieras o agentes de bolsa, pues el cúmulo y diversidad de actividades de las que se valen las organizaciones criminales para lavar su dinero se ha incrementado y complejizado drásticamente.

Vale la pena mencionar algunos de los efectos negativos de incumplir con los estándares básicos que permiten vislumbrar un actuar tendiente a lavar dinero por parte de clientes de una firma: Por un lado, y en caso de encontrarse comprendido en la larga lista de los  “Sujetos Obligados” a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) del art. 20 de la Ley 25.246, se observan sanciones pecuniarias y, en algunos casos, penales. Por otro lado, y aún siendo ajeno a aquellas actividades allí enumeradas, es difícil prevenir las repercusiones negativas en lo que hace a la imagen de la firma cuando se la ve vinculada con sujetos que desarrollan actos espurios. En definitiva, y sin importar si una empresa se encuentra comprendida en el sistema de prevención ideado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a través de la UIF (es decir, ser un “Sujeto Obligado”), cualquier ente que desarrolle una actividad comercial puede verse asociado a este tipo de maniobras, pudiendo ser extremadamente costoso en términos de prestigio, nombre, marca o imagen del emprendimiento.

Se observa así la necesidad de incluir en las currículas de la mayor cantidad de carreras universitarias posible, contenido específico de lavado de activos, preferentemente asociado a la disciplina concreta.

Las variadas profesiones cuentan con diversos ejemplos de maniobras, ya sea en Argentina como en otros lugares del globo, que implicaron blanqueo de capitales. Por otro lado, y si bien nuestro país cuenta con pocas sentencias condenatorias en lo que refiere a este tipo penal, las maniobras denunciadas y/o los Reportes de Operación Sospechosa que se hacen públicos como mero inicio de una investigación criminal, manifiestan una idea acorde de cómo cualquier profesional de las diversas carreras universitarias pueden verse involucrados, aún sin connivencia, en estos hechos criminales. De la misma forma, las Resoluciones de la UIF que multan a los sujetos que no aplicaron una eficiente diligencia ante un alto riesgo de lavado de activos por parte de sus respectivos clientes, son ejemplos pedagógicamente interesantes para transmitir la complejidad y relevancia del problema.

Vale destacar además, que los Sujetos Obligados no son solo los clásicos Sujetos de Derecho Privado, pues también involucra a Sujetos del Derecho Público y, además, a los llamados “Sujetos del Tercer Sector”; es decir a las entidades sin fines de lucro (incisos 18 y 20 del artículo 20 de la Ley Antilavado).

Como conclusión, se atestigua en la actualidad la imperiosa formación en materia de lavado de activos de las diversas disciplinas universitarias, como elementos indispensables para prevenir responsabilidad profesional, administrativa y, en su caso, penal; así como para lograr el entendimiento de buenas prácticas en el desarrollo de la actividad comercial, de servicio público y/o sin fines de lucro.


Leonel Alejandro Suozzi – Docente Investigador UADE-INSOD – A cargo del Proyecto de Investigación de Evaluación del Programa UADE de Formación Transversal en Prevención del Lavado de Activos.

 

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