El Valor del Liderazgo Público y Privado

 

El enorme resabio ya añejo que venimos observando en las estrategias de seguridad en la región latinoamericana en general, y en nuestro país en particular, resulta de la utilización recurrente del trípode del sistema penal (justicia, policía, cárcel) como única herramienta de respuesta a la violencia y al delito. Y así advertimos cómo hemos fracasado simplemente por no tener el sentido común de advertir que un problema social y comunitario como es el delito, al decir de la criminología moderna, no puede resolverse con más policía, más jueces y más cárceles. Los países serios, comprometidos y exitosos ya han girado 180 grados en sus políticas de seguridad, a través de una visión y una actuación multidimensional que pone foco en los factores de riesgo del delito que son comunes a todos los países al momento de diseñar una política pública de seguridad.

Las evidencias científicas resultantes de los organismos internacionales más relevantes en la materia, como la ONU, la ONU Hábitat, la OMS, la OEA, el Centro Internacional de Prevención de la Criminalidad (CIPC), el Foro Europeo de Seguridad Urbana (FESU), el BID, el Banco Mundial, entre los principales, sin olvidar en nuestro país al Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano (CEPREDE), muestran que la génesis de la violencia y el delito encuentra su esencia en la exclusión social; el desempleo; la deserción escolar; la cultura de la violencia en general y, en particular, la intrafamiliar y de género; la facilidad de acceso a las armas de fuego; la accesibilidad al alcohol y a las drogas que viene disparando sostenidamente el aumento de sus consumos, principalmente en los segmentos más juveniles; la carencia de políticas de rehabilitación y resocialización del condenado; y, por último, la falta de sentido de la vida, principalmente en las fracciones etarias jóvenes.

Con ese pre-diagnóstico ?que ningún político puede soslayar? y que resulta común en todas las provincias argentinas y ciudades de América latina, deben construirse y basarse las políticas que se apliquen en la materia que, como se observa, deben tener su columna vertebral en estrategias preventivas en donde la educación, el empleo, la salud, el desarrollo social, la infraestructura urbana, el acceso a los servicios básicos, las estrategias de resolución pacífica de conflictos y la visión con perspectiva de género encuentren un espacio dominante al poner en marcha las respuestas públicas a la violencia y al delito.

Esta visión debe complementarse con una acción institucional que contenga una serie de ingredientes imprescindibles que aseguren una gestión exitosa y exenta de meros amagues superficiales y demagógicos. Me refiero a la existencia de un perfil de autoridades que tengan internalizados estos enfoques y que detenten la voluntad política y el liderazgo para llevarlos adelante. Pero es importante que no se considere la voluntad política solo como la voluntad de los políticos ni de quienes participan de manera más evidente en la vida política de la Nación, sino también la decisión que proviene de la sociedad civil, como motor que requiere y genera cambios.

El liderazgo es el aprendizaje individual y colectivo de las organizaciones, grupos o comunidades, en términos de construir una visión de conjunto sobre sí mismos, sobre sus intereses y fines, y sobre los medios para alcanzarlos de manera eficaz. Por eso los líderes aparecen como trascendentes a la hora de la generación de ideas y cambios profundos, empujando y clarificando directrices institucionales. Sin duda el gerenciamiento y la disciplina son los dos conceptos que mejor definen al liderazgo.
Liderazgo implica la capacidad para generar procesos de cambio con niveles satisfactorios de gobernabilidad e incidir sobre la formulación y ejecución de políticas públicas buscando su viabilidad integral. Conlleva el saber administrar y facilitar la conducción política de equipos multidisciplinarios en procesos de planificación y ejecución de acciones, que incluye técnicas de generación de consensos y negociación políticas. La seguridad ciudadana y la prevención como eje principal de gestión de política criminal, al mostrar tantas facetas que deben armonizarse e interactuar, necesita de tales atributos personales.

Otro componente relevante es la coordinación e integración, lo que implica que las áreas institucionales involucradas deben interactuar de manera conjunta y articulada, y ello es tan relevante que hace al éxito o fracaso de la gestión. Para que se entienda, cada área de gobierno que interactúa según la cuestión a resolver ocupa un lugar propio en el espacio del gerenciamiento, pero todas están en el mismo tablero colaborando con las demás. Esa es la clave del éxito. Hay que encarar el trabajo institucional de la seguridad como un todo. Eso es verdadera estrategia integral. La única capaz de gestionar la seguridad con esa visión comprensiva de todas las realidades que la alimentan.

Otro aspecto neurálgico lo constituye la institucionalización de una política pública de seguridad, es decir, plasmar en una ley la totalidad de los objetivos trazados y los organismos que interactúan, a fin de garantizar la sustentabilidad en el tiempo, con independencia de la administración nacional o local que dirija los destinos.

Otra tentación muy arraigada en los gobiernos en nuestro país, sobre todo aquellos de corte populista, y que hay que tratar de otorgarle otra metodología, es la implementación de programas sociales universales, cuando en materia de seguridad la evidencia científica nos enseña que dichos programas deben focalizarse en los denominados lugares con mayores problemáticas sociales, a segmentos específicos, tales como niñez, adolescencia y mujeres y, por último, direccionar los programas sociales hacia conductas delictivas determinadas como homicidios, violencia familiar y de género, abuso sexual, robos, narcomenudeo, cibercrimen, entre otros. Esta línea de acción debe compartirse entre actores públicos, de la sociedad civil y del sector privado, que han de intervenir para transformar positivamente esas realidades.

Por último, nos adentramos en uno de los temas más urticantes y apasionantes de las políticas de seguridad de un país y sobre todo de aquellos que no muestran aún una cultura cívica en donde la ciudadanía, por influjo del desdén institucional y del propio, no se ha puesto el ropaje de ciudadano. Es abrir una página del Gobierno para compartirla. Se trata ?ni más ni meno s? de socializar y democratizar la discusión de la seguridad, con una usiriia estatal capacitada para interpretar y ejecutar las políticas a seguir, en orden a las prioridades que determina la ciudadanía y el sector privado.
Y ello merece una reflexión previa, tanto no resulta positivo que las organizaciones de la sociedad civil comulguen en un todo ?hacer oficialismo? con el Gobierno de turno, como que dichas organizaciones sistemáticamente se coloquen del lado de la oposición, porque dificultaría la gobernabilidad y eso se contradice con la propia naturaleza de la participación ciudadana. Hay que mantener un rol independiente en donde las prioridades marquen la agenda y el status político principal sea la defensa de intereses comunitarios, más allá de ideologías personales que no pueden sustraerse de la esencia humana.

Por ello, hay que comenzar a ajustar el lente, mirando y trabajando con el sector privado y convocándolo a un trabajo mancomunado sin olvidar que en el Gobierno descansa la responsabilidad primaria, pero que ella ?reitero? sin dudas será más superadora y fructífera con la colaboración participativa de la comunidad y del sector privado. Se trata de una confluencia entre un Estado responsable y una ciudadanía responsable.
De cimentar verdaderas alianzas estratégicas entre los sectores público y privado.
La globalización, la revolución de las comunicaciones, la multicausalidad compleja en la generación y producción de los comportamientos delictivos en base a la evidencia científica y la riqueza de contenido que surge de la participación de los distintos sectores, han sido los factores más salientes que contribuyeron a la expansión de estas verdaderas redes del sector público y las coaliciones asociativas con el sector privado en pos de una mejor cooperación mutua.

La provincia de Córdoba ha aplicado y acuñado esta forma de trabajo institucional, con participación de la comunidad y el sector privado, erigiéndose, al decir de los organismos internacionales, como el único Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito del país y en una referencia para las ciudades de la región.

”Liderazgo implica la capacidad para generar procesos de cambio con niveles satisfactorios de gobernabilidad e incidir sobre la formulación de políticas públicas buscando su viabilidad integral.”

 


Por Claudio Stampalija, Coordinador General de la Comisión de Seguridad del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR).

30/11/2017 | El Cronista Comercial | Sup. Líderes 2018 | Pág. 74 |

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