Panel del Observatorio – 4to Simposio de OPRENAR

Panel de “OPRENAR: Políticas Públicas propuestas al Gobierno Nacional. Actualización 2017” , llevado a cabo en el 4to Simposio “¿Cómo prevenir el avance del narcotráfico?”.

 

 


 

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¿Hacia donde vamos en salud mental y adicciones?

 

“…hay representantes emblemáticos del irracionalismo con efectos en la cultura, la sociedad y la sanidad como Foucault” (El olvido de la razón – J.J.Sebreli 2011)

 

Ir hacia cualquier lugar en esto es ir hacia ningún lugar. Hacia un no-lugar. En plena expansión de patologías graves (psicóticas y adictivas) se abre un panorama de crisis de los sistemas de atención como nunca se vio nuestro país. En el 2020 deben cerrar centros de atención de patologías graves en el campo de la psiquiatría y de las adicciones. Esto incluye los llamados manicomios y también los centros especializados en psiquiatría privados y todas las comunidades terapéuticas encargadas de la atención de patologías adictivas y de doble diagnóstico (adicción y cuadros psicóticos combinados).  Surge todo de una interpretación, creo, estrecha de la Ley de Salud mental. Sería el único país del mundo que eso sucede. Patologías severas se quedarían sin atención confiándose la población en crisis a centros hospitalarios que todos sabemos están sobregirados, sin insumos, desbordados en la demanda y con escaso personal capacitado.

La Ley de Salud Mental (26.657) hecha en el 2010 significa un avance en el campo de la protección en la Salud Mental y de los derechos humanos con jerarquía constitucional conforme al artículo 75 (artículo 22) de la Constitución Nacional. Olvida mencionar que los principios de las Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención en Salud Mental no prohíben la existencia de institutos psiquiátricos especializados para patologías severas ni la internación de los mismos como lo especifica el principio 7 de esta norma mundial e incluso menciona que el paciente tiene derecho a ser tratado. El derecho a la salud lo tiene que garantizar el Estado. Hay una incongruencia entre la Ley Local sancionada en 2010 y los principios internacionales que invoca como sustento de la misma.

Adicciones y Abandono Social

 

En el campo de las adicciones hay errores groseros ya que se asimila a las comunidades terapéuticas a las instituciones manicomiales cuando precisamente el creador de la comunidad terapéutica Maxwell Jones (1907-1990) creó este sistema revolucionario como superación del manicomio. Tuve oportunidad de estudiar con él y lo trajimos a la Argentina con un grupo de profesionales jóvenes en la década del 70 y él propugnaba la transformación de los sistemas psiquiátricos pero nunca el cierre de las instituciones. La comunidad terapéutica luego se transformó por la epidemia de adicciones y Maxwell Jones trabajó en Italia en la década del 80 junto a los americanos para realizar tratamientos sobre los principios de la comunidad terapéutica para patologías adictivas y tuve el honor de participar en estas creaciones colectivas.

La Ley hoy es de aplicación imposible. La fragmentación del sistema sanitario, las dificultades de los hospitales públicos (falta de servicios, profesionales sin nombramientos, constante demanda que no puede ser solventada , crisis de violencia en las guardias con patologías psicóticas y adictivas) y la imposibilidad de la red de sanatorios generales privados de hacerse cargo de patologías severas tornan esta norma como impracticable a no ser que Argentina elija el camino del desamparo para miles y miles de pacientes con lo cual el derecho a la salud (derecho humano básico) quedaría conculcado. Los sanatorios generales privados han tenido distintos eventos críticos con estos pacientes que han culminado con litigios penales por daños realizados a otros pacientes. No hay servicios ni personal capacitado para enfrentar estas situaciones.

Se está poniendo en jaque el Derecho a la Salud y la norma resulta ser paradojal ya que con el objetivo de proteger a quienes tienen afecciones mentales de aplicarse esta norma los efectos pueden conducir al abandono de numerosos pacientes. El Estado se alejaría de ser el garante del bienestar general. Llama la atención –he aquí creo el sesgo ideológico existente en los creadores del marco legal-que puedan existir centros de especialización en cardiología, oncología, etc. pero no en adicciones y en psiquiatría.

La existencia de dispositivos alternativos que marca la Ley no se han realizado (hospitales de día y noche, casas de medio camino, centros de salud mental comunitario, talleres protegidos) ni tampoco las ayudas financieras que según la Ley iban a realizar Ministerios de Infraestructura. Pero aun así estos centros no pueden reemplazar el tipo de cuidados que requieren ciertas patologías y momentos evolutivos de las mismas (agravamientos, fenómenos agudos, etc.). Ahí la internación es una necesidad, no es una mala palabra ni es detener a alguien en una comisaria. Resulta ser una protección que, después, habitualmente el paciente agradece.

En su momento en este cuerpo legal fue tratado como una verdadera “Ley ómnibus” junto con otras 5 leyes (discutida en el recinto casi a “libro cerrado”) no se escucharon dos reflexiones. Una de ellas de la Senadora Di Perna que decía en 2010 que los hospitales no cuentan con estructura necesaria para cumplir con todos los requerimientos y alerta sobre la cantidad de pacientes que terminarían en las calles o en la prisión. El senador Pérsico de San Luis por su parte dijo que el “cierre de hospicios y hogares escuelas “en su provincia había significado dejar abandonados a muchos y narró el caso de muertes por abandono y por no ser tratadas. Hoy eso ya existe en Argentina porque hay una auto-limitación en la comunidad de profesionales en patologías severas.

San Luis , T.del Fuego y Río Negro no permiten la instalación de centros especializados en psiquiatría pero no avanzaron en adicciones ya que allí existen centros de atención para estas patologías. El avión sanitario le soluciona muchos problemas a estas provincias ya que derivan las situaciones complejas  especialmente a Capital Federal. Lo que no está cerca no existe parecería que esta norma nos quiere decir. ¿Dónde nacen estos absurdos?

El “Glamour” de la Locura

 

¿En que se basaron los que pensaron este marco legal en donde no se consultó a Asociaciones Médicas, Academia de Medicina, Colegios Profesionales? Uno de ellos fue Michel Foucault (1926-1984) que lideró el movimiento de la “glamorización” de la locura. Imbuido por el surrealismo (Breton, Artaud) que instaló la reflexión literaria sobre la locura siendo ésta la contestación radical a modelos médicos y psiquiátricos como representantes de una sociedad injusta y criminal.  Hijo de padre médico, con hermano, abuelo y bisabuelos médicos decretó el paradigma del “poder médico” como uno de los poderes opresores de la sociedad de la dominación. El médico y especialmente el psiquiatra es un garante del poder ya que el loco es un rebelde al sistema de dominación. Gilles Delleuze, uno de sus coetáneos franceses, decía que su amigo estudiaba la locura para no enloquecerse y el padre de Michel lo llevó a ser tratado en la St. Anne en su adolescencia. Luego terminó sus días rodeado, paradójicamente, del poder médico que odiaba y de la “mirada médica” (concepto que detestaba) en un centro médico de Paris aquejado por el Sida.

La subjetividad no existe para estas escuelas ni el mundo de relaciones grupales familiares y sociales próximas. Solo existe el Poder y un conjunto de “vigilantes” del mismo que se llaman médicos, gendarmes, maestros, profesores, sacerdotes, etc. e incluso instituciones académicas y llegó a llamar al psicoanálisis como una “red teórico comercial”. Estos gendarmes de la sociedad administraban la “micro-física” del Poder que se consumaba en las cárceles, hospitales, manicomios, asilos, conventos, escuelas, e incluso la misma vida familiar como instrumento de dominación. Los llamó “redes internacionales del siniestro”.

De la misma manera llegaba a idealizar al asesino y su ícono fue Pierre Riviere que asesinó a su madre y dos hermanos y que merecía una especie de reverencia porque se había rebelado a una sociedad disciplinaria. En un debate televisivo con un intelectual progresista Noam Chomsky éste quedó estupefacto: “…Me sentí como si hubiera hablado con alguien que no habitaba el mismo universo moral” (debate televisivo nov.1971 Holanda, citado por Miller J.:”Justicia contra Poder). Llegó a alabar al Ayatola Khomeini como el representante de una voluntad colectiva cuando surgió en Irán y probablemente hoy estaría de acuerdo con el terrorismo fundamentalista. Luego de varios años se arrepintió pero ya había escrito bastante sobre la nueva y excelsa forma de espiritualidad política del Ayatola.

El manicomio debía ser derribado porque era represivo. ¿Cómo lo reemplazaba? Por nada. Nunca se preocupó por la mejoría de los manicomios. Ahí culminaba su “izquierdismo infantil” al decir de sus críticos. El llanto del sufrimiento de miles no era escuchado por él. El desamparo por sus síntomas tampoco. Solo importaba desterrar el Poder que los había instalado. Con lo cual los países o provincias que se ocuparon de instaurar esto (algunos lugares de Francia, algún estados de USA, algún lugar de Italia) rápidamente lo abandonaron por las consecuencias socio-sanitarias que ocasionó (muertes, mayor crisis sociales, desatención, indigencia mental callejera, etc.). La locura es un sufrimiento que clama por su cura no ganamos nada idealizando un delirio mientras el padecimiento genera daños a si, a otros, atentados contra la vida, etc.

Mientras la Argentina se regodea en estos pensadores del 60 en el mundo se piensa de otra manera. Surgieron nuevas formas de asistencia, las terapias familiares, las atenciones en redes , las formas de atender a patologías graves, la neurociencia, la moderna neuro-farmacología que ayuda a los pacientes, las comunidades terapéuticas,etc… Estamos ante el irracionalismo que nos marcaba Sebreli.

Me pregunto de no adecuarse esta Ley a la realidad sanitaria ¿A donde vamos?; Seguro que a una crisis sanitaria.


Dr. Juan Alberto Yaria

Director General GRADIVA y Miembro del OPRENAR

El Valor del Liderazgo Público y Privado

 

El enorme resabio ya añejo que venimos observando en las estrategias de seguridad en la región latinoamericana en general, y en nuestro país en particular, resulta de la utilización recurrente del trípode del sistema penal (justicia, policía, cárcel) como única herramienta de respuesta a la violencia y al delito. Y así advertimos cómo hemos fracasado simplemente por no tener el sentido común de advertir que un problema social y comunitario como es el delito, al decir de la criminología moderna, no puede resolverse con más policía, más jueces y más cárceles. Los países serios, comprometidos y exitosos ya han girado 180 grados en sus políticas de seguridad, a través de una visión y una actuación multidimensional que pone foco en los factores de riesgo del delito que son comunes a todos los países al momento de diseñar una política pública de seguridad.

Las evidencias científicas resultantes de los organismos internacionales más relevantes en la materia, como la ONU, la ONU Hábitat, la OMS, la OEA, el Centro Internacional de Prevención de la Criminalidad (CIPC), el Foro Europeo de Seguridad Urbana (FESU), el BID, el Banco Mundial, entre los principales, sin olvidar en nuestro país al Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano (CEPREDE), muestran que la génesis de la violencia y el delito encuentra su esencia en la exclusión social; el desempleo; la deserción escolar; la cultura de la violencia en general y, en particular, la intrafamiliar y de género; la facilidad de acceso a las armas de fuego; la accesibilidad al alcohol y a las drogas que viene disparando sostenidamente el aumento de sus consumos, principalmente en los segmentos más juveniles; la carencia de políticas de rehabilitación y resocialización del condenado; y, por último, la falta de sentido de la vida, principalmente en las fracciones etarias jóvenes.

Con ese pre-diagnóstico ?que ningún político puede soslayar? y que resulta común en todas las provincias argentinas y ciudades de América latina, deben construirse y basarse las políticas que se apliquen en la materia que, como se observa, deben tener su columna vertebral en estrategias preventivas en donde la educación, el empleo, la salud, el desarrollo social, la infraestructura urbana, el acceso a los servicios básicos, las estrategias de resolución pacífica de conflictos y la visión con perspectiva de género encuentren un espacio dominante al poner en marcha las respuestas públicas a la violencia y al delito.

Esta visión debe complementarse con una acción institucional que contenga una serie de ingredientes imprescindibles que aseguren una gestión exitosa y exenta de meros amagues superficiales y demagógicos. Me refiero a la existencia de un perfil de autoridades que tengan internalizados estos enfoques y que detenten la voluntad política y el liderazgo para llevarlos adelante. Pero es importante que no se considere la voluntad política solo como la voluntad de los políticos ni de quienes participan de manera más evidente en la vida política de la Nación, sino también la decisión que proviene de la sociedad civil, como motor que requiere y genera cambios.

El liderazgo es el aprendizaje individual y colectivo de las organizaciones, grupos o comunidades, en términos de construir una visión de conjunto sobre sí mismos, sobre sus intereses y fines, y sobre los medios para alcanzarlos de manera eficaz. Por eso los líderes aparecen como trascendentes a la hora de la generación de ideas y cambios profundos, empujando y clarificando directrices institucionales. Sin duda el gerenciamiento y la disciplina son los dos conceptos que mejor definen al liderazgo.
Liderazgo implica la capacidad para generar procesos de cambio con niveles satisfactorios de gobernabilidad e incidir sobre la formulación y ejecución de políticas públicas buscando su viabilidad integral. Conlleva el saber administrar y facilitar la conducción política de equipos multidisciplinarios en procesos de planificación y ejecución de acciones, que incluye técnicas de generación de consensos y negociación políticas. La seguridad ciudadana y la prevención como eje principal de gestión de política criminal, al mostrar tantas facetas que deben armonizarse e interactuar, necesita de tales atributos personales.

Otro componente relevante es la coordinación e integración, lo que implica que las áreas institucionales involucradas deben interactuar de manera conjunta y articulada, y ello es tan relevante que hace al éxito o fracaso de la gestión. Para que se entienda, cada área de gobierno que interactúa según la cuestión a resolver ocupa un lugar propio en el espacio del gerenciamiento, pero todas están en el mismo tablero colaborando con las demás. Esa es la clave del éxito. Hay que encarar el trabajo institucional de la seguridad como un todo. Eso es verdadera estrategia integral. La única capaz de gestionar la seguridad con esa visión comprensiva de todas las realidades que la alimentan.

Otro aspecto neurálgico lo constituye la institucionalización de una política pública de seguridad, es decir, plasmar en una ley la totalidad de los objetivos trazados y los organismos que interactúan, a fin de garantizar la sustentabilidad en el tiempo, con independencia de la administración nacional o local que dirija los destinos.

Otra tentación muy arraigada en los gobiernos en nuestro país, sobre todo aquellos de corte populista, y que hay que tratar de otorgarle otra metodología, es la implementación de programas sociales universales, cuando en materia de seguridad la evidencia científica nos enseña que dichos programas deben focalizarse en los denominados lugares con mayores problemáticas sociales, a segmentos específicos, tales como niñez, adolescencia y mujeres y, por último, direccionar los programas sociales hacia conductas delictivas determinadas como homicidios, violencia familiar y de género, abuso sexual, robos, narcomenudeo, cibercrimen, entre otros. Esta línea de acción debe compartirse entre actores públicos, de la sociedad civil y del sector privado, que han de intervenir para transformar positivamente esas realidades.

Por último, nos adentramos en uno de los temas más urticantes y apasionantes de las políticas de seguridad de un país y sobre todo de aquellos que no muestran aún una cultura cívica en donde la ciudadanía, por influjo del desdén institucional y del propio, no se ha puesto el ropaje de ciudadano. Es abrir una página del Gobierno para compartirla. Se trata ?ni más ni meno s? de socializar y democratizar la discusión de la seguridad, con una usiriia estatal capacitada para interpretar y ejecutar las políticas a seguir, en orden a las prioridades que determina la ciudadanía y el sector privado.
Y ello merece una reflexión previa, tanto no resulta positivo que las organizaciones de la sociedad civil comulguen en un todo ?hacer oficialismo? con el Gobierno de turno, como que dichas organizaciones sistemáticamente se coloquen del lado de la oposición, porque dificultaría la gobernabilidad y eso se contradice con la propia naturaleza de la participación ciudadana. Hay que mantener un rol independiente en donde las prioridades marquen la agenda y el status político principal sea la defensa de intereses comunitarios, más allá de ideologías personales que no pueden sustraerse de la esencia humana.

Por ello, hay que comenzar a ajustar el lente, mirando y trabajando con el sector privado y convocándolo a un trabajo mancomunado sin olvidar que en el Gobierno descansa la responsabilidad primaria, pero que ella ?reitero? sin dudas será más superadora y fructífera con la colaboración participativa de la comunidad y del sector privado. Se trata de una confluencia entre un Estado responsable y una ciudadanía responsable.
De cimentar verdaderas alianzas estratégicas entre los sectores público y privado.
La globalización, la revolución de las comunicaciones, la multicausalidad compleja en la generación y producción de los comportamientos delictivos en base a la evidencia científica y la riqueza de contenido que surge de la participación de los distintos sectores, han sido los factores más salientes que contribuyeron a la expansión de estas verdaderas redes del sector público y las coaliciones asociativas con el sector privado en pos de una mejor cooperación mutua.

La provincia de Córdoba ha aplicado y acuñado esta forma de trabajo institucional, con participación de la comunidad y el sector privado, erigiéndose, al decir de los organismos internacionales, como el único Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito del país y en una referencia para las ciudades de la región.

”Liderazgo implica la capacidad para generar procesos de cambio con niveles satisfactorios de gobernabilidad e incidir sobre la formulación de políticas públicas buscando su viabilidad integral.”

 


Por Claudio Stampalija, Coordinador General de la Comisión de Seguridad del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR).

30/11/2017 | El Cronista Comercial | Sup. Líderes 2018 | Pág. 74 |

Jornada Formativa Internacional “Adicciones y Complejidades”.

La Tecnicatura en Prevencion De Las Adicciones UFLO los invita a la Jornada Formativa Internacional “Adicciones y Complejidades”.

Desde una perspectiva científica y comunitaria, reconocidos profesionales en la Salud Mental presentarán el uso del cannabis a través de la historia, sus dimensiones biológicas sociales y legales en la Argentina. Así mismo, se dará a conocer el trabajo en Prevención y Tratamiento en la Ciudad de NYC (USA).

  • Día: Lunes 11 de Diciembre.
  • Lugar: Edificio de Padernera 288, SUM, 1°Piso.

 

Informes e Inscripción


 

“Non Fate Confusione”

 

“…en la confusión está el principio del mal de las ciudades…” D.Alighieri (La Divina Comedia)

 

Cuando era chico, un zapatero de barrio ante mi inquietud en el negocio, ya que tocaba  y cambiaba todo de lugar, me repetía nervioso la frase “non fate confusione”. El orden era todo para él. Más adelante con los años mi viejo maestro de Literatura y de la Vida el Prof. José María Castiñeiras de Dios me decía que ese era un principio cultural que arrancaba de las raíces de la cultura renacentista y me recordó el célebre dicho del Dante en donde el mal de las comunidades radica en la confusión. Imposibilidad de distinguir, diferenciar y por ende ordenar. El cosmos (orden) para los renacentistas era un principio fundamental para comprender la realidad.

Ante algunas situaciones que en el campo de las adicciones y sus políticas futuras apareció este recuerdo infantil y las frases repetidas en cada encuentro del maestro Castiñeiras. Donde para mi resulta claro el mar de confusiones es en relación a lo que debemos hacer  en el campo de la Salud Mental y en donde lo vemos  es en lo relativo a la llamada Ley de Salud Mental.

Esta significó un gran avance en el reconocimiento de los derechos y las garantías de un debido tratamiento para el paciente y trata de estimular prácticas modernas y lo menos reclusivas para el tratamiento de los trastornos mentales y también sobre las patologías adictivas. Al mismo tiempo deja enormes huecos en lo asistencial y no hay una sola palabra sobre prevención en adicciones. Se intenta atacar a la concepción manicomial, lo cual es importante y un avance; pero el sesgo “ideológico”anti-institucional lleva a confundir a cualquier institución de residencia de pacientes con un manicomio.

Las críticas al marco normativo que el Ministerio intentaba realizar fueron producto, desde mi punto de vista, de una gran confusión. Modificar implica según estos cultores de la Ley un volver al modelo manicomial cuando explícitamente se trata de mostrar que se busca estructurar un modelo moderno con centros públicos y privados que van desde lo residencial para pacientes severamente dañados en lo mental o en lo adictivo. Se acusa de “modelo médico hegemónico” a los que tienen otro criterio e incluso el médico que prescribe un medicamento queda asimilado a la tecno-ciencia capitalista e instrumento servil de los laboratorios con sede en U.S.A., Francia, Suiza o Alemania. Palabras que parecen “latiguillos” políticos o títulos para una “pancarta” en una manifestación.

Todos los que aprendimos con grandes maestros vivenciamos que nuestra función es la clínica y ésta es estar al lado del paciente (klinos-cama, lecho) y de ahí nace la escucha de un sufrimiento, con la empatía que surge de un marco ético hipocrático y judeo-cristiano ayudamos a que la persona pueda superar sus delirios, sus dependencias adictivo-suicidas o su melancolía. Estos síntomas no los puede controlar por sí mismo y por eso necesita ayuda de otros e incluso de una institución. Si la patología es grave y no hay recursos familiares de contención quedará internado (no es una mala palabra sino una ayuda necesaria).  Así se va llegando al diagnóstico de una crisis vital  y un tratamiento. Diagnosticar no es “etiquetar” sino diferenciar para atender mejor al dolor humano.

Los Manicomios

 

Desde 2010, que se promulga esta Ley, no se pueden abrir instituciones con el agravante que en el campo de las adicciones se confunde a la comunidad terapéutica con los manicomios. Por lo tanto, la Argentina desde esa época no puede abrir legalmente instituciones. En plena epidemia de consumo de drogas, con aumento de patologías asociadas (psicosis, daños neurológicos, accidentes, etc.) y a la vez de las propias patologías mentales es imposible habilitar instituciones bajo la autorización del Ministerio de Salud. Surgen, producto de estos vacíos legales, instituciones en el campo del tratamiento de las adicciones sin ningún aval y se va deteriorando la atención.

Para realizar esta Ley no se pidió asesoramiento a los Colegios de Psiquiatras, Facultades de Medicina, Academia de Medicina y los miembros de organizaciones que representan a instituciones de atención. Fueron invitadas a reuniones pero no podían presentar ponencias para cambios. Fue aprobada junto con cinco Leyes en un tratamiento “ómnibus” y sin discusión parlamentaria a libro cerrado.

Se intentó derribar el modelo manicomial olvidando que no todas las instituciones son manicomios y en realidad hoy se habla en todo el mundo de institutos especializados en salud mental con diversos módulos ya sea residencial como diurnos y ambulatorios. Confunden manicomio con comunidad terapéutica cuando en realidad  ésta surge como una superación de las estructuras anquilosadas. Hoy la Argentina está asistiendo a la destrucción de lo poco que queda en el tratamiento de las patologías graves ya que en el 2020 deben cerrar de acuerdo a esta norma arbitraria. Incluso en alguna provincia de Europa que se intentó realizar esto se dieron 17 años de plazo. La anterior administración consideró que en 5 años de plazo bastaba. Absurdo total ya que la demanda sanitaria es enorme y los recursos para adecuarse son imposibles económicamente como es por ejemplo transformar una comunidad terapéutica en un centro hospitalario privado con múltiples especialidades.  El país con el cierre de todos los centros quedaría sumido en una crisis sanitaria de consecuencias imprevisibles y máxime en momentos epidémicos.

Hacia la “Indigencia” Mental y Adictiva Callejera

 

Estamos promoviendo la expulsión de pacientes que estarán en la calle, como mostré en otros artículos, en donde la Asociación Nacional de Homeless de U.S.A alertó sobre estas experiencias en algunos Estados fracasadas que llevaron  al aumento de los encarcelamientos, la vida callejera marginal y el descenso de tratamientos.

Más de 300 centros que atienden dolencias serias y que agrupan a miles de pacientes -alrededor de 30.000  y que llegan a 300.000-  con los módulos diurnos y  con un 15% de la población de personal sanitario (enfermeros, médicos, psicólogos, operadores terapéuticos, consejeros, talleristas de arte, terapia ocupacional, etc.) quedarán a la deriva frente a la incertidumbre.

El Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional intentan resolver este desaguisado con sensatez y se les devuelve el argumento “panfletario” de querer reflotar el modelo manicomial que existe solo en “mentes afiebradas”.

La nueva reglamentación que estaba a la firma del Presidente habla de instituciones modernas polimodales especializadas (distintos módulos de atención), reconoce el espacio de la asistencia a las adicciones y la función del Hospital General dentro de una red de centros.

Querer que todo pase por el Hospital General es desconocer lo que sucede hoy en la Argentina en donde éstos están sobrepasados por la demanda y hay hechos graves que han sucedido en hospitales públicos con pacientes mentales en crisis, como el célebre y triste caso de un paciente que en el Hospital Posadas de Morón se tiró desde un 4to-piso y arrastró a un enfermero que también murió (dos años atrás). También vemos a pacientes con dolencias cardíacas al lado de un joven abstinente y excitado.

Estamos viviendo en el absurdo. De la misma manera hay  pacientes con crisis de intoxicación que necesitarían un tratamiento más prolongado  y que deben  rendirse ante el “altar” de las ideologías recibiendo solo un coctel tranquilizante, con   suerte una o dos noches de cuidados y nada más. Todo el horizonte de las causas y los motivos del padecimiento  desaparecen. Por ser “ultramodernos” estamos regresivamente yendo a un tratamiento anquilosado y de daño al ser humano de principios del siglo XX. Hospital de “campaña” para todos.

Es la confusión como me decía el viejo zapatero. Está el principio del “mal” de las ciudades como enseñaba el Dante. Ojalá se iluminen nuestros gobernantes.


Dr.Juan Alberto Yaria

Director General GRADIVA y Miembro del OPRENAR