Les compartimos la nota publicado por el Diario La Nación. Con los objetivos de resolver el «déficit habitacional» en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), mejorar las condiciones de detención de los reclusos e implementar medidas alternativas a la «privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables», el Gobierno declaró la emergencia penitenciaria por un plazo de tres años. En lo inmediato, se instituirá una comisión integrada por representantes de los ministerios de Justicia, Interior, Hacienda y Seguridad, a la que se invitará a representantes de la Justicia y de la Procuración Penitenciaria, para discutir medidas de fondo que reviertan la crítica situación del sistema carcelario argentino.
Así se desprende de una resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Según explicaron fuentes gubernamentales, la decisión se tomó para lograr agilizar las construcciones de unidades penitenciarias y la compra de móviles para el trasladado de detenidos, situación que hoy padece un déficit notorio que ha sido señalado por varios jueces.
«Desde el comienzo de la gestión hubo un crecimiento sostenido de la tasa de encarcelamiento», afirmó a LA NACION el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciario, Facundo Bargalló Benegas.
El funcionario destacó que el combate contra el narcotráfico y la lucha contra los delitos contra la propiedad tuvieron una incidencia clave en el crecimiento sostenido de la población carcelaria. «La lucha contra el delito y el crimen organizado sobrepasa cualquier previsión en cuanto a la construcción de plazas carcelarias», dijo Bargalló Benegas, quien señaló que la implementación de la ley de flagrancia fue otro de los motivos de la sobrepoblación penal.
En la resolución 184/2019 de la cartera conducida por Germán Garavano se afirma que, según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (Sneep), la cantidad de detenidos en cárceles federales pasó, del 31 de diciembre de 2015 al 13 de este mes, de 10.274 a 13.773, y la «capacidad operativa de alojamiento a esta última fecha es de 12.235 plazas, lo cual determina una superpoblación superior al 12 %».
Según se explicó, para paliar la sobrepoblación carcelaria, el Ministerio de Justicia «ha impulsado una política penitenciaria que incluye grandes inversiones en infraestructura carcelaria, como la construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote, en Mercedes, que tendrá capacidad para 1152 plazas, y el Centro Federal Penitenciario Argentino, de Coronda, Santa Fe, donde se podrá alojar a 462 internos».
Además se firmó un convenio con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que distintos inmuebles de las Fuerzas Armadas sean adaptados para alojar a personas «privadas de la libertad», como el caso de un predio en Fray Luis Beltrán, Santa Fe.
Otro de los problemas que tiene el SPF y que en el último tiempo fueron tema de debate y de malestar en los tribunales es la escasa disponibilidad de vehículos para trasladado de detenidos a juicios y audiencias. Según fuentes oficiales, se debió suspender una licitación para la adquisición de 19 móviles para el SPF porque después de la última devaluación las empresas postulantes habían retirado sus ofertas. «Ya se llamó a una nueva licitación», agregaron las fuentes consultadas.
Para agilizar las causas judiciales y evitar demoras por el traslado de presos, el Gobierno apuesta a que aumenten las audiencias por videoconferencia cuando el caso lo permita.
En la resolución ministerial se dispuso la creación, en el ámbito de la Secretaría de Justicia, de una Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria, que deberá reunirse cada 15 días. Según se explicó, se «invitará» a la Corte Suprema de Justicia, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña, a la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), a la Comisión de Cárceles del Ministerio Público de la Defensa y a la Procuración General de la Nación a designar a un representante cada una para integrar dicha comisión.
«Me parece muy bien que se reconozca que la situación es crítica y que se convoque a los principales actores de la temática para discutir a fondo el problema y buscar soluciones. Pero la verdad es que esta declaración de emergencia llega tarde. Nosotros lo pedimos hace dos años. Ahora hay que poner freno a la ?inflación’ carcelaria, al aumento permanente de la población penitenciaria, para evitar que la situación esté cada vez peor», dijo a LA NACION el procurador penitenciario nacional, Francisco Mugnolo.
Observatorio de Prevención del Narcotráfico 